El vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario analiza alcances y riesgos de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Por Amado Vázquez Martínez
El sector agroalimentario mexicano vive con cautela y temor la discusión legislativa sobre el futuro del agua, porque en el Congreso de la Unión se analizan dos propuestas que podrían cambiar el marco jurídico del recurso hídrico: la Ley General de Aguas, que reglamentará el derecho humano al agua, y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que regularán las concesiones y usos productivos.
La iniciativa, –que en principio busca garantizar el acceso equitativo y sostenible– ha despertado preocupación entre agricultores y agroindustriales por los riesgos de centralización, discrecionalidad y posibles afectaciones patrimoniales, cuyo temor principal radica en que se abran los títulos de concesión al arbitrio del gobierno, eliminando su transmisibilidad o carácter hereditario.
«Nadie se opone al derecho humano al agua», afirma Jorge Luis López Martínez, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA). «Lo que preocupa es que, en el afán de garantizarlo, se sacrifiquen la certeza jurídica y la viabilidad productiva del campo mexicano».
DOS LEYES, DOS ALCANCES
La iniciativa presentada contempla la expedición de dos ordenamientos complementarios: La Ley General de Aguas, que reglamenta el artículo 4° constitucional sobre el derecho humano al agua y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, que continuará siendo la ley federal encargada de regular las concesiones, los derechos de uso y la participación de los distritos de riego.
«Durante años –explica López Martínez– se intentó unificar ambas leyes en una sola, pero eso habría generado un conflicto jurídico. Las leyes generales reparten competencias entre Federación, estados y municipios; las federales son exclusivas del Ejecutivo Federal. Mezclarlas hubiera sido un error», puntualiza.
El CNA reconoce como positivo que se haya aceptado la necesidad de mantener ambos marcos separados, pero advierte que los textos aún contienen ambigüedades que podrían dar pie a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
«Garantizar el derecho humano al agua no debe convertirse en una amenaza para la producción de alimentos» Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario
DERECHO AL AGUA
El director general del CNA, Luis Fernando Haro, recuerda que el artículo 4º de la Constitución reconoce dos derechos interdependientes: el acceso al agua y el derecho a la alimentación.
«Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible», así como que «toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad».
Ambos derechos, añade Haro, deben tratarse con la misma jerarquía. Sin embargo, la redacción actual de la Ley General de Aguas omite la interdependencia entre agua y producción de alimentos, al priorizar el “uso público y urbano” sobre el agropecuario.
«Ahí está la trampa –señala López Martínez– porque el derecho humano al agua es estrictamente para uso personal y doméstico, no para parques, campos de golf ni jardines urbanos. No puede anteponerse al uso agropecuario, que garantiza la alimentación de la población».
TECNIFICACIÓN Y CENTRALIZACIÓN
El CNA coincide en que México requiere modernizar su marco hídrico. Hay más de 100 acuíferos sobreexplotados y otras tantas cuencas saturadas de concesiones, por lo que se necesita orden y planeación, pero sin menoscabar los derechos adquiridos.
«Estamos de acuerdo en acabar con el mercado negro del agua y con los abusos en la compraventa privada de derechos», señala López Martínez, «pero no podemos aceptar que se faculte a la autoridad para cancelar o reducir volúmenes concesionados sin causa justificada, ni que se prohíban las transmisiones o herencias de derechos».
El punto más delicado, explica, es un artículo que otorga a la Conagua la facultad de disminuir o cancelar concesiones «sin condición ni justificación». «Eso equivale a entregar un cheque en blanco al Estado. Ya la ley actual contempla causales específicas, declaratorias de utilidad pública y, en su caso, indemnización. No puede eliminarse ese equilibrio», advierte.
PATRIMONIO EN RIESGO
Otro aspecto polémico es la prohibición de transmitir derechos de agua y su sustitución por un procedimiento de «reasignación». Para el CNA, esta redacción genera incertidumbre jurídica y económica: afectaría la compraventa de tierras agrícolas, la herencia familiar y la valuación de empresas agroindustriales.
«Si nadie tiene certeza de que el nuevo propietario conservará los derechos de agua, las tierras perderán valor, las inversiones se detendrán y el crédito al campo se paralizará», afirma López Martínez.
El sector también rechaza que se eliminen las llamadas transferencias temporales entre unidades de riego. «Son prácticas internas perfectamente reguladas que permiten la eficiencia en el uso del recurso; borrarlas sería un retroceso técnico y operativo», agrega.
DIÁLOGO Y COORDINACIÓN
El Consejo Nacional Agropecuario, que agrupa a más de 1.8 millones de productores, ha participado activamente en los foros de consulta y mantiene comunicación con la Conagua y el Congreso para incorporar sus observaciones, asevera.
«Valoramos el diálogo propositivo entre el gobierno y el sector agroalimentario –señala el CNA–, pero necesitamos que la nueva legislación refleje de manera justa las necesidades y derechos de quienes producen los alimentos del país».
Entre las propuestas que el organismo impulsa están: Reconocer al uso agropecuario como prioritario, solo después del doméstico; establecer una planeación hídrica nacional por cuencas; promover la tecnificación del riego y la reutilización de aguas tratadas, así como evitar la concentración de facultades discrecionales en la autoridad.
«Queremos leyes que ordenen el uso del agua, pero que también reconozcan al agricultor como aliado de la sostenibilidad… El campo mexicano no pide privilegios, pide certidumbre» Jorge Luis López Martínez, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos (CNA)