Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General Consejo Nacional Agropecuario
Desde la reciente elección de Donald Trump como presidente de EE. UU., la imposición de aranceles a las exportaciones de México, incluyendo las agroalimentarias, se ha convertido en una amenaza constante. A su llegada, el presidente estadounidense prometió imponer un arancel del 25% (con posibilidad de elevarse hasta el 100%) a todas las importaciones de productos provenientes de nuestro país si la presidenta Claudia Sheinbaum no detenía lo que él llamó una «avalancha de criminales y drogas» hacia EE. UU.
Esta intención de aplicar medidas proteccionistas afectaría tanto a los productores mexicanos como a los consumidores estadounidenses, ya que los aranceles no solo impactarían las exportaciones, sino que también provocarían un aumento en la inflación, afectando a ambas naciones y amenazando la seguridad alimentaria de la región dada la dependencia existente entre los dos países. Frente a ello, la presidenta de México y su equipo han mantenido una postura firme, dispuestos al diálogo, pero sin ceder a presiones externas.
El CNA, en representación del sector agroalimentario, ha hecho también lo propio, subrayando la importancia de mantener la unidad nacional y de fortalecer la competitividad regional, apoyando los esfuerzos del Gobierno de México para defender los intereses del país en el contexto del T-MEC. México es un proveedor clave de alimentos frescos para EE. UU., tales como aguacates, tomates, berries y carne, así como productos industrializados como cerveza y tequila; muchas de estas exportaciones representan más del 50% de algunos productos clave consumidos en el país vecino.
En 2024, las exportaciones de nuestro país al mercado estadounidense alcanzaron un valor superior a los 45 mil millones de dólares; por lo tanto, cualquier alteración en la relación comercial tendría un impacto significativo, afectando alrededor de 475 mil millones de dólares en exportaciones mexicanas, que constituyen cerca del 80% de las exportaciones del país.
El impacto de estos aranceles no solo violaría lo establecido en el T-MEC y en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino que también tendría efectos devastadores sobre las economías de América del Norte. El arancel promedio para México sería más alto que el de otros países con los que EE. UU. no tiene acuerdos de libre comercio.
Además, se anticipa que esta medida podría generar un incremento de la inflación de hasta el 0.4% en EE. UU. Ante esta situación, México y Canadá podrían imponer represalias comerciales, aunque también existe la posibilidad de renegociar los términos de los aranceles.
A principios de 2025, el presidente Trump firmó órdenes ejecutivas que imponían un arancel del 25% a todas las exportaciones mexicanas y canadienses, excluyendo los bienes energéticos, y un 10% a las exportaciones chinas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de vínculos con organizaciones criminales que había hecho EE. UU. y propuso un diálogo para resolver la situación sin comprometer la soberanía de México; para ello, el gobierno mexicano evaluó posibles represalias comerciales, incluidas nuevas medidas arancelarias, mientras mantenía la disposición al diálogo.
A inicios de febrero de 2025, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump acordaron suspender por un mes los aranceles a los productos mexicanos, estableciendo compromisos clave: México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional para frenar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, mientras que Estados Unidos se comprometió a combatir el tráfico de armas hacia México; además, ambos países comenzaron a trabajar en temas de seguridad y comercio en mesas de trabajo.
Por su parte, el sector privado mexicano, a través de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha expresado su gran preocupación por los aranceles anunciados, destacando el impacto negativo que su aplicación tendría sobre las cadenas de suministro construidas en las últimas tres décadas, en gran parte gracias al T-MEC.
En este sentido, se vislumbra la posibilidad de una «renegociación» anticipada del acuerdo (que originalmente debía realizarse en 2026). Este acontecimiento ofrecería una oportunidad para reevaluar los términos y reducir la incertidumbre comercial; de ser así, el trabajo conjunto entre el sector público y los sectores productivos será esencial para garantizar una negociación exitosa que favorezca la estabilidad económica en la región.
Para apoyar la planeación de las próximas negociaciones como CNA a través de su mecanismo denominado «Cuarto de junto», estamos colaborando estrechamente con el Gobierno de México en la revisión del T-MEC, actuando como consultor técnico para fortalecer la industria nacional y garantizar que México siga siendo competitivo en el ámbito internacional.
Es importante reconocer que la relación comercial entre México y EE. UU. es esencial para ambas economías, que somos mercados complementarios y no rivales, y que la defensa del sector agroalimentario mexicano es crucial para mantener la estabilidad económica en la región, así como para fortalecer la seguridad alimentaria de Norteamérica.
La unidad entre el gobierno y el sector privado, así como la disposición para el diálogo y la cooperación internacional, son fundamentales para mitigar los efectos de las nuevas políticas arancelarias y proteger los intereses económicos de nuestra nación.
Esperamos que esta amenaza latente de la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas por parte del gobierno estadounidense no se concrete y que prevalezca un entorno de certidumbre en los negocios y en las inversiones en beneficio de los tres países de América del Norte.