Los productores rurales organizados en unidades de producción son fundamentales en México para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de comunidades rurales
Ing. Rodrigo Pérez Ramírez
Oficial de Cadenas de Valor, OIT
Las unidades de producción agropecuaria en México desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social del país. Según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, hay alrededor de 4.65 millones de estas unidades activas, las cuales no solo generan empleo para millones de mexicanos, sino que también contribuyen significativamente a la producción de alimentos.
Este sector es clave para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales. Por ello, su fortalecimiento debe ser una prioridad en las políticas públicas, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo en todo el país.
El extensionismo rural ha desempeñado un papel crucial en la transferencia de conocimientos y tecnologías al agro mexicano desde su incorporación en la política pública, especialmente para las micro y pequeñas unidades de producción.
Con influencias del sistema norteamericano, el extensionismo rural se estructura en tres pilares fundamentales: la investigación y extensión lideradas por el gobierno a través de institutos especializados; un enfoque centrado en resolver problemas agronómicos para aumentar la productividad y la integración de estas instituciones con redes de apoyo que ofrecen crédito, insumos y facilitan la comercialización.
EXTENSIONISMO RURAL
El modelo de extensionismo rural en México ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando por diversas etapas: comenzó con un enfoque corporativo, luego operó bajo un esquema de libre demanda y, finalmente, se transformó en un mercado de servicios profesionales, adaptándose a las cambiantes necesidades del sector agrícola.
En la segunda mitad del siglo XX, alcanzó su auge con la «Revolución Verde», pero sufrió un debilitamiento en las décadas de 1980 y 1990 debido a los recortes al gasto público y la descentralización.
Sin embargo, en el siglo XXI, ha recobrado relevancia en las agendas gubernamentales y de investigación, destacándose como una herramienta clave para combatir la pobreza rural, la desigualdad y la inseguridad alimentaria, mediante la transferencia de tecnologías y conocimientos a pequeños productores, con el objetivo de combatir la pobreza, aumentar la productividad y fomentar el desarrollo rural frente a retos como el cambio climático.
En este sentido, desde la visión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del proyecto «Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las cadenas de chile y tomate en México» que se implementa en Jalisco, el papel del extensionista rural es fundamental para incorporar conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones de SST en pequeñas unidades de producción en el estado.
De igual forma, el acompañamiento de los extensionistas rurales a pequeños productores abre una oportunidad para llevar esta sensibilización y concientización sobre el cuidado de la salud en el desempeño de las tareas agrícolas a poblaciones vulnerables como jornaleros, mujeres y jóvenes, quienes suelen tener un acceso limitado a recursos de salud y formación en prácticas laborales seguras.
OIT Y SADER
En octubre de 2023, la OIT y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del estado de Jalisco firmaron una Carta de Intención que formaliza el compromiso de fortalecer las capacidades de los extensionistas rurales que participan en el Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural.
El objetivo es identificar riesgos laborales, implementar medidas preventivas y mejorar la gestión de la SST en pequeñas unidades productivas de chile y tomate, localizadas en los municipios de Autlán de Navarro, Cuautitlán de García Barragán, Etzatlán, Mascota, Poncitlán, Tomatlán y Yahualica de González Gallo.
Con base en diversos diagnósticos realizados por el proyecto implementado por la OIT, incluidos estudios como Incentivos y Limitaciones para la Mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Cadenas de Valor del Chile y Tomate, Perfil de la Mujer Agrícola y Perfil de Seguridad y Salud en el Trabajo en Pequeñas Unidades de Producción de Chile y Tomate en Jalisco, México, se determinó que era indispensable transformar algunas prácticas en el campo jalisciense para garantizar un entorno más seguro y saludable para todas las personas trabajadoras.
De esta forma, desde el proyecto se busca abordar estas desigualdades al fortalecer las capacidades de los extensionistas en temas clave de SST, como ergonomía, manejo de cargas, el uso responsable de agroquímicos y la identificación de riesgos psicosociales. Al capacitar a los extensionistas para que a su vez capaciten a los trabajadores del campo, se promueve un ambiente laboral más seguro y saludable.
SOLUCIONES ECONÓMICAS
Además, este enfoque permite la implementación de soluciones de bajo costo en unidades de producción, utilizando la metodología Mejoras en el trabajo para el desarrollo comunitario (WIND, en inglés) de la OIT, que se centra en prácticas simples pero efectivas que pueden ser adoptadas incluso por pequeños productores.
Esta integración de la SST en el rol del extensionista no solo mejora las condiciones laborales, sino que también contribuye a un desarrollo rural más equitativo, empoderando a las comunidades rurales e indígenas para que adopten prácticas más saludables y sostenibles.
El extensionismo rural ha desempeñado un papel crucial en la transferencia de conocimientos y tecnologías al agro mexicano desde su incorporación en la política pública, especialmente para las micro y pequeñas unidades de producción.
Al promover la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores, se fomenta una agricultura más inclusiva y responsable, lo que a largo plazo puede mejorar la productividad y la resiliencia del sector agrícola en Jalisco.
*El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos aporta financiación en virtud del acuerdo de cooperación núm. IL-35872-20-75-K. El 100 por ciento de los gastos totales del proyecto o programa se financia con cargo a fondos federales, por un importe total de 6.15 millones de dólares de los EE. UU. Esta publicación no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y la mención de marcas, productos comerciales u organizaciones no implica que el Gobierno de los Estados Unidos los apruebe.