Ing. Luis Fernando Haro Encinas
El financiamiento es un tema de alto impacto en el sector agroalimentario para aumentar la productividad, el valor añadido de las materias primas, acceder a nueva tecnología o mantenerse en el mercado; impulsando así la economía, la seguridad alimentaria y la nutrición, y mejorando la calidad de vida de muchos hogares en el país.
El financiamiento al sector agroalimentario en el tiempo ha ido creciendo, reflejado en los saldos de cartera que reporta el Banco de México, que en 2022 la cifra fue de 287.3 miles de millones de pesos, no obstante, esta es insuficiente para las necesidades que tiene el sector. En México los saldos de cartera sectorial representan alrededor del 12% de su PIB sectorial, cuando en Estados Unidos representa el 94%.
Por otra parte, dados los riesgos inherentes a las actividades agropecuarias, combinado con la mayor aversión al riesgo por parte de la banca comercial, el financiamiento es limitado, aun para la iniciativa privada, o bien se ofrece en condiciones no tan competitivas para los productores; en el caso de los pequeños productores adicionalmente tienen la dificultad de otorgar las garantías de los créditos, la inhabilidad de la tierra ejidal de ser garantía y la falta de información de mercados y pocos o nulos instrumentos para mitigar riesgos.
Es por ello por lo que, el papel de la banca de desarrollo es central, por las posibilidades de fomentar el dinamismo de las actividades agroalimentarias y propiciar una plataforma que brinde soporte a todos los estratos de productores.
Para atender al sector en México se contaba con dos principales instituciones de la Banca de Desarrollo: los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
En el caso de FIRA, esta institución juega un papel importante en incentivar el financiamiento al sector, indirectamente a través de la banca comercial, al ser de segundo piso; al cierre del 2022, su colocación fue de 201.8 miles de millones de pesos.
Por otra parte, la única banca de financiamiento directo al sector era la FND, que, sí era de primer piso y especializada en el agro, pero ya desapareció, esto oficializado en el DOF del 17 de abril del 2023 en el cual se publicó la separación y entrega-recepción de los servidores públicos de la institución; la FND llegó a colocar un máximo de 74.7 miles de millones de pesos en el 2018, para luego registrar una tendencia a la baja hasta el 2022, cuando su colocación fue de solamente 31.3 miles de millones de pesos, lo que representó una caída del 58.2%: el número de acreditados afectados con la decisión de extinguir esta dependencia, son 295,848, de los cuales 168,838 (57.1% del total), son pequeños productores.
Ante la coyuntura de lo que está pasando con la FND, FIRA estará tomando una serie de medidas, para apoyar al sector, pero al ser de segundo piso está limitada en sus funciones para sustituir a la FND.
Sabemos que el financiamiento es indispensable para nuestras actividades, no obstante, aunque la Ley de Desarrollo Rural mandata la existencia de un Sistema Nacional de Financiamiento Rural con instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas; en México carecemos de una política integral de financiamiento, que favorezca el desarrollo de proyectos particularmente de mediano-largo plazo, ya que en la actualidad el mayor porcentaje del crédito tiene una visión cortoplacista; los más comunes son los créditos de avío, para cubrir los costos operativos de un ciclo determinado; mientras que, los créditos refaccionarios para impulsar proyectos con visión de mediano-largo plazo, están muy limitados.
El financiamiento a las actividades productivas agropecuarias, y en general para el desarrollo rural, debe ser vislumbrado como una prioridad, tal y como lo mandata la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es necesario que México cuente con una política segmentada por estratos de productores, en la cual se diseñen instrumentos para atender las necesidades particulares de cada uno; también se debe buscar que el costo del financiamiento sea asequible para el productor, aun cuando las actividades son de alto riesgo, para lo cual es necesario que el gobierno asigne recursos fiscales para apoyar aquellos diferentes instrumentos, entre ellos los de Administración de Riesgos (Seguro catastrófico y apoyos para la adquisición de coberturas que faciliten la agricultura por contrato, que ya fueron eliminados), en la búsqueda de que la banca comercial tenga mayor certidumbre y pueda generar opciones para el sector.
Es necesario contar con financiamiento al sector y orientarlo a impulsar nuestra productividad; el desarrollo y/o modernización de infraestructura; atención al tema de sustentabilidad; proyectos de impacto regional y con potencial exportador; que favorezca la integración de cadenas productivas; con el cual podamos ir adoptando tecnologías de punta y generando mayor valor agregado; el financiamiento es clave para el sector y es gran medida el impulsor de este gran motor económico que es el agro.