En el campo mexicano solemos señalar, con razón, aquello que no funciona porque criticamos los retrasos, la falta de presupuesto, la lentitud de las decisiones y las oportunidades perdidas, pero también debemos tener la honestidad de reconocer cuando una política pública avanza en la dirección correcta. Hacerlo no significa renunciar al análisis crítico; significa entender que el desarrollo agropecuario se construye sumando esfuerzos y no descalificándolos de antemano.
La reciente puesta en marcha de la planta de producción de moscas estériles para combatir el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), en Metapa de Domínguez, Chiapas, representa una de esas decisiones acertadas que merece el reconocimiento del sector pecuario nacional.
Concretarla tuvo costos económicos para miles de ganaderos al frenarse la exportación de ganado en pie a EUA. Sin embargo, México cuenta nuevamente con una herramienta estratégica para enfrentar una plaga que se convirtió en un desafío regional.
Por ello, es justo felicitar al Gobierno de México, a la Presidenta de la República y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por cristalizar un proyecto largamente esperado.
Pero tampoco debemos caer en la idea de que una sola planta resolverá por sí misma el problema, como acertadamente lo dice Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, pues la batalla contra el gusano barrenador exige una estrategia regional y binacional, con vigilancia epidemiológica, liberación masiva de insectos estériles, control de la movilización pecuaria y una estrecha coordinación entre México, Estados Unidos y Centroamérica.
Tanto la CNOG como el Consejo Nacional Agropecuario, encabezado por nuestro presidente Jorge Esteve Recolons, poseen el conocimiento técnico y la cercanía con los productores para contribuir al diseño de políticas públicas cada vez mejor estructuradas.
Cuando autoridades y organizaciones trabajan en la misma dirección, las decisiones suelen ser más oportunas, eficientes y con mejores resultados para el campo mexicano. Ese mismo espíritu de colaboración entre gobierno, organismos y productores también se construye desde lo local.
Lo constaté hace unos días al visitar el municipio de Jamay, en la región Ciénega de Jalisco, donde convergen una pujante producción piscícola alrededor del Lago de Chapala, cultivos de maíz, trigo, avena y agave, un sólido corredor agroindustrial y un creciente potencial turístico que son ejemplo de diversificación productiva.
Quedé gratamente sorprendido por el dinamismo económico de Jamay y por la visión y trabajo coordinado de empresarios y autoridades. Tuve el honor de participar como conferencista en la primera reunión de este naciente organismo empresarial, en donde compartí una reflexión sobre el valor de la unión entre productores, empresarios y gobierno, además de ser distinguido como padrino del Consejo Empresarial de Jamay (CEJAM).
Aprovecho estas líneas para felicitar a su mesa directiva, encabezada por su presidente Iván de Jesús Cruz Ortega, así como a Alfredo Molina, Vicepresidente Acuícola en el CDAAJ, y a todos los empresarios que impulsan este esfuerzo.
Un reconocimiento especial al presidente municipal César Molina Sahagún, quien entiende que un consejo ciudadano es un instrumento para eficientizar la política pública y orientar mejor los recursos hacia proyectos productivos.
Finalmente, no podemos perder de vista otro reto que se asoma en el horizonte: Recientemente me comentaba el analista Erick Lobo la postura de Donald Trump de no buscar la renovación del T-MEC, lo que dejaría al tratado sujeto a revisiones periódicas hasta su conclusión en 2036, postura que genera incertidumbre para la integración comercial de Norteamérica.
Por ello será indispensable que organismos como el CNA, que preside Jorge Esteve Recolons y el Vicepresidente de Relaciones Internacionales del CCE, Juan Cortina Gallardo, – quienes participaron en las negociaciones del Tratado en EUA–, prosigan con su presencia en las conversaciones para defender los intereses del campo mexicano y preservar la competitividad de nuestros productores.
El ejemplo de Metapa de Domínguez y el de Jamay comparten una misma enseñanza: cuando gobierno, organismos representativos, productores y sociedad trabajan unidos, las políticas públicas dejan de ser simples programas administrativos para convertirse en auténticos motores de desarrollo. Ojalá más municipios y más regiones del país sigan este camino por el bien del campo y de nuestro querido México.