Con los primeros acuerdos entre el Gobierno Federal, gobiernos estatales, empresarios y agricultores, se da un paso importante para revertir el abandono del campo mexicano
Por Amado Vázquez Martínez / Tierra Fértil
La tormenta que atraviesa el maíz mexicano no es solo económica: es el reflejo de un campo que exige ser escuchado y en medio de las protestas, los bloqueos carreteros y el hartazgo acumulado por años de políticas discontinuas, el Gobierno de México alcanzó en la madrugada del 29 de octubre un acuerdo con productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán para proteger el ingreso de quienes siembran el grano más emblemático del país.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, explicó que el pacto busca blindar la comercialización del maíz blanco, base de la alimentación nacional, con un apoyo directo de 950 pesos por tonelada para cerca de 90 mil productores del Bajío.
De esa cantidad, 150 pesos serán aportado por los gobiernos de los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato, medida conjunta de financiamiento entre la Federación y los gobiernos estatales, con el propósito de contener la caída de precios y estabilizar los ingresos rurales.
El esquema se dirige a quienes poseen hasta 20 hectáreas, que representan más del 95% de las unidades productivas regionales y el volumen estimado a respaldar será de 1.4 millones de toneladas, con un tope de 200 por agricultor.
RESPIRO FINANCIERO
El acuerdo incluye créditos al 8.5 % anual –la mitad de la tasa bancaria común– y un seguro agropecuario que cubrirá pérdidas por sequías, inundaciones o plagas.
«El propósito no es solo conseguir un buen precio, sino garantizar que se compre toda la producción nacional», aseveró Berdegué ante la crisis de bloqueos de carreteras en el país ocurrido desde el 27 de octubre.
A la par, el funcionario anunció la creación del Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado y Comercialización del Maíz, instrumento que pretende acabar con la incertidumbre del precio y reducir la intermediación, el cual se basa en tres pilares:
Este Sistema se basa en definir precios de referencia nacionales, para que los productores conozcan con anticipación el valor esperado de su cosecha; promover acuerdos directos productor–industria, sin intermediaries y establecer reglas claras y transparentes, con sustento jurídico y supervisión estatal.
Para garantizar resultados, se instalará una mesa de diálogo permanente entre productores y compradores, donde los gobiernos estatales acompañarán la negociación de precios y condiciones de venta.
CRISIS GLOBAL
De acuerdo con los datos de Sader dados a conocer por el Secretario, el contexto internacional agrava la situación del precio, pues hay un stock récord global de más de mil 300 millones de toneladas de maíz, lo que ha provocado una caída de 21% en el precio internacional.
En México, la tonelada ronda los tres mil 400 pesos o cuatro mil 850 pesos con logística incluida, precio considerado poco rentable e insuficiente para cubrir los costos nacionales de producción, que superan los ocho mil pesos.
Aunque el ciclo primavera–verano traerá una cosecha abundante, incluso superior al año pasado gracias al buen nivel de presas en Sinaloa, ese mismo volumen presionará más los precios a la baja.
ABANDONO ESTRUCTURAL
Pero la crisis va más allá del mercado: Las movilizaciones convocadas por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y otras organizaciones no reclaman solo un mejor precio del maíz, sino el fin del abandono del campo.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) estima que México producirá 23.5 millones de toneladas de maíz en el ciclo 2024–2025, mientras importará 24.8 millones, la mayoría maíz amarillo transgénico procedente de Estados Unidos. En otras palabras, el país compra ya más maíz del que produce.
Desde 2019, el Gobierno federal eliminó 27 programas de fomento agropecuario y suprimió la Financiera Rural, dejando sin crédito a miles de productores. «El problema no es solo el precio —advierte Baltazar Valdés, líder de maiceros de Sinaloa—, sino la falta de certidumbre: sin crédito, sin financiamiento y sin reglas claras, el campo no puede producir más».
En Jalisco, Julián Orozco, presidente de los productores rurales, propone recuperar los programas eliminados y reconstruir la cadena maíz–tortilla mediante agricultura por contrato, convenios con la industria harinera y cooperativas de acopio.
El secretario de Agricultura Julio Berdegué Sacristán anunció la aportación del Gobierno Federal de 950 pesos por tonelada, de los cuales 150 serán aportados por los gobiernos estatales, como el de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como la creación del Sistema mexicano de ordenamiento y comercialización del maíz, créditos al 8.5% y seguro de cobertura.
CAÍDA DEL PRECIO
El desplome del precio del maíz encendió las alarmas, pues según el GCMA, la tonelada difícilmente alcanzará los siete mil 200 pesos, pero los compradores ofrecen cinco mil, insuficientes para cubrir los costos.
Por ello, el 15 de octubre miles de campesinos iniciaron bloqueos carreteros en más de diez estados, demandando precios de garantía, exclusión de los granos básicos del T-MEC y la reinstalación de la banca de desarrollo rural.
Las protestas se extendieron desde Tamaulipas hasta Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Oaxaca. El 27 de octubre, los productores del Bajío rechazaron el ofrecimiento de seis mil 050 pesos por tonelada y créditos al 8.5 %, argumentando que no se trata solo del precio del maíz, sino de una nueva política de fomento y rentabilidad.
«No pedimos que nos regalen nada —expresó Ricardo López, representante de productores de Jalisco—, solo que el trabajo en el campo sea rentable. Si seguimos importando el maíz que antes sembrábamos, pronto no quedará quien lo cultive».
LOS EXPERTOS
Para los exsecretarios de Agricultura Víctor Villalobos Arámbula y Francisco Mayorga Castañeda, la solución no está en la confrontación, sino en reconstruir los instrumentos que daban soporte a la productividad.
Villalobos subraya que México debe invertir en innovación, extensionismo y tecnificación, mientras Mayorga enfatiza: «El maíz es estratégico no solo por su peso económico, sino por su dimensión social. Si no hay rentabilidad en la siembra, el país pierde soberanía alimentaria», declararon en entrevista con Tierra Fértil.
El especialista Arturo Silva considera que la clave está en equilibrar la oferta y la demanda mediante contratos de comercialización, financiamiento mixto y transparencia en precios. «México tiene productores eficientes —señala—, pero les falta política pública. No se trata de subsidios, sino de competitividad».
Por su parte, José Cacho, vicepresidente ejecutivo de la empresa Minsa, una de las mayores productora de harina de maíz nixtamalizado, coincide: «El problema del maíz en México no es la falta de capacidad productiva, sino la falta de política pública y el alto costo del cultivo. Tenemos agricultores que saben competir, pero necesitan reglas claras y contratos que garanticen su ingreso».
CONSENSO NECESARIO
Este primer paso de SADER luego de la crisis del campo que data del sexenio pasado, recuerda que el maíz ha sido durante siglos alimento, cultura e identidad, pero hoy es también termómetro del campo Mexicano: La reducción presupuestal a Sader y la dependencia de importaciones amenazan con romper el equilibrio rural.
En un mundo donde las potencias subsidian su agricultura, México parece ir en sentido contrario. Sin embargo, los expertos coinciden en que la salida no es imposible: productores, empresarios, academia y gobierno pueden reenfocar esfuerzos para recuperar la autosuficiencia alimentaria y dignificar la labor agrícola.
«Producir maíz en México debería ser un orgullo, no un sacrificio–afirman los especialistas–, pero para lograrlo necesitamos reglas claras y apoyo real, no discursos.»
José Cacho remata: «México puede alcanzar la soberanía alimentaria si se fomenta la producción nacional y se establece una base de precios realista, vinculada al mercado internacional y no al discurso político. No necesitamos subsidios, necesitamos condiciones para competir».
Mientras tanto, los maiceros del Bajío continúan su diálogo en busca de una solución definitiva que devuelva rentabilidad y certidumbre al sector porque el maíz, corazón del campo mexicano, sigue en el ojo del huracán, pero el consenso social y político podría marcar el inicio de una nueva siembra de esperanza.