México lidera las exportaciones de tomate fresco a EE. UU., con más del 90% del mercado, consolidando su papel clave en el agrocomercio bilateral.
Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General Consejo Nacional Agropecuario
El tomate rojo, conocido también como jitomate, es una de las hortalizas más importantes a nivel global y un pilar fundamental en la agricultura mexicana, del cual el país cultiva múltiples variedades tales como saladette, bola, cherry, cóctel y uva, que reflejan su diversidad y relevancia.
En 2023, la producción nacional alcanzó los 3.6 millones de toneladas, un aumento del 5.1% respecto al año anterior, lo que representó el 21.1% de toda la producción hortícola del país, posicionando a México como el séptimo productor mundial de tomate, con una actividad productiva concentrada principalmente en Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán, que en conjunto aportaron más del 40% del total; el consumo nacional per cápita se mantiene en 14.1 kg anuales, reflejando su arraigo en la dieta mexicana.
Más allá de su importancia alimentaria, el jitomate ha consolidado su papel como uno de los principales productos agropecuarios de exportación del país, ya que en 2024 generó ingresos por tres mil 331.8 millones de dólares, con EE. UU. como destino del 99.9% de estas exportaciones; esta relación se ha intensificado en la última década, ya que en 2012 EE. UU. representaba el 90.4% de dichas exportaciones y para 2024, prácticamente el total. Este intercambio representa cerca del 56% de la producción nacional de tomate, abasteciendo el 90% del tomate fresco que importa EUA, lo que evidencia una dependencia comercial crítica.
Para regular esta relación, ambos países firmaron en 1996 un «Acuerdo de Suspensión Antidumping», cuyo objetivo principal fue la suspensión de una investigación antidumping emprendida por EUA contra el tomate mexicano, tercera demanda de ese tipo. Este acuerdo estableció precios mínimos por temporada (0.172 y 0.217 dólares por libra, según el periodo) y el compromiso de los exportadores mexicanos de vender su producto por encima de estos precios de referencia, con lo que se eliminaban los efectos perjudiciales de estas exportaciones para el mercado estadounidense y así evitar prácticas de competencia desleal.
Renegociado en 2002, 2008 y finalmente en 2019, el acuerdo ha permitido mantener la estabilidad en el comercio tomatero; no obstante, su aplicación ha sido motivo de conflicto constante. En 2012, productores de Florida, a través de la Florida Tomato Exchange (FTE), solicitaron al Departamento de Comercio de EE. UU. (USDOC) su cancelación, argumentando que permitía evasiones por parte de algunos exportadores mexicanos y, aunque sin pruebas contundentes, alegaron que el acuerdo perjudicaba a los agricultores estadounidenses y exigieron un retorno a «precios justos».
Del lado mexicano, los productores defendieron el mecanismo, destacando que su éxito se debía a innovaciones tecnológicas y ventajas competitivas legítimas. Por su parte, el gobierno de México expresó su preocupación por la posible cancelación y el acuerdo permaneció vigente tras nuevas negociaciones, a pesar de un ambiente politizado por la cercanía de las elecciones presidenciales en EUA.
Posteriormente, en 2019, el conflicto se intensificó. A finales de 2018, 46 Congresistas estadounidenses (muchos de Florida) presionaron para que el USDOC se retirara del acuerdo, lo cual se formalizó en enero de 2019. Ante el riesgo de reactivación de la investigación antidumping y la imposición de un arancel del 17.5%, México propuso un nuevo acuerdo; este fue negociado en abril en el marco del «CEO Dialogue» en Yucatán, donde se percibió cierta apertura del gobierno estadounidense. Finalmente, el 19 de septiembre de ese año, se alcanzó un nuevo acuerdo que mantuvo reguladas las exportaciones mexicanas mediante precios mínimos.
Este 2025, el comercio bilateral del jitomate enfrenta una nueva amenaza crítica. El 14 de abril, el USDOC notificó su decisión de poner fin al Acuerdo de Suspensión de 2019, con efectos a partir del 14 de julio del mismo año. Esta decisión implicaría la imposición de una cuota compensatoria del 20.91% a todas las exportaciones mexicanas de tomate fresco.
La terminación del acuerdo representa un riesgo inminente para la industria tomatera mexicana, especialmente para pequeños y medianos productores. El impacto se extendería a más de 400 mil empleos directos y alrededor de un millón de empleos indirectos, además de afectar profundamente a economías regionales donde el cultivo es una fuente vital de ingresos. Se estima una pérdida superior a los mil 400 millones de dólares anuales en derrama económica.
A nivel comercial, la aplicación de esta cuota podría generar una escasez inmediata del producto en el mercado estadounidense, además de un alza significativa en los precios. Se calcula que del aumento del 20.91%, el 11.54% sería absorbido por los consumidores y el 9.37% por los exportadores; esto podría derivar en presión inflacionaria, afectando el acceso en EUA a un producto de consumo básico.
Desde junio de 2023, cuando la FTE presentó su solicitud de terminación del acuerdo, el sector exportador mexicano activó una campaña intensa de cabildeo en defensa del mismo. Más de 200 cartas de apoyo de distribuidores, supermercados, cadenas restauranteras y otros actores clave fueron enviadas al USDOC, argumentando que el acuerdo ha mantenido el equilibrio comercial y que su finalización generaría consecuencias negativas para ambas economías; pese a ello, el USDOC determinó avanzar con la cancelación. De no alcanzarse un nuevo acuerdo, el conflicto podría escalar en una guerra comercial con altos costos económicos, legales y sociales, tanto para México como para EE. UU..