Las condiciones para producir y comercializar granos y oleaginosas en el país son complicadas, incluso más que en algunas otras cadenas productivas, pues no contamos con las condiciones de nuestros competidores comerciales como Estados Unidos, como los subsidios, topografía y el clima de otros países, entre otros factores, también nos afectan las condiciones del mercado global y las internas, como las políticas públicas con tinte ideológico que se impulsan desde nuestro gobierno federal, lo que ya afecta a los más de 27 millones de mexicanos que trabajan en el campo y por supuesto, que ponen en grave riesgo la alimentación de las familias mexicanas.
Todo ello abre un reto para los agroproductores, como, por ejemplo, hacer proyecciones financieras adaptadas a las condiciones actuales y trabajar a través de sus organizaciones para mejorar las políticas públicas que incidan para que nuestro campo produzca más en condiciones de mercado adecuadas que permitan una retribución justa a los productores y abonen a la competitividad de la cadena productiva.
Y es que la disyuntiva ya es muy clara: O seguir pensando en un paternalismo inexistente, que en este sexenio desapareció y se llevó consigo programas de apoyo y fomento para el campo o trabajamos unidos para lograr mejores condiciones de mercado que permitan negociar las propias coberturas de manera privada.
En el caso de la producción de granos como maíz, trigo, sorgo, frijol, arroz y soya, entre otros, somos deficientes, como lo afirman en el reportaje de esta edición sobre la visión de los actores del sector agrícola sobre granos comerciales, como Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), para quien, sin dudarlo, el campo mexicano, especialmente los productores de granos, están en una encrucijada.
Nos explica que «la producción en México no ha crecido, sino decrecido, pues cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio producíamos 18.24 millones de toneladas de maíz y consumíamos 20.95 millones, el 13 por ciento era importado y desde el 2016, cuando hubo récord de 28 millones en producción, nos mantenemos en 26, 27 millones; mientras que el consumo está creciendo» y si seguimos así, comenta que las importaciones en este 2023 serían del 40% y en el 2030 representarían el 46 por ciento del consumo nacional… y este año se teme que lleguemos a importar 18 millones de toneladas de maíz amarillo.
La FAO estima, como ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, que la seguridad alimentaria de un país se logra cuando al menos produce el 75% de los alimentos que consume su población, pero desgraciadamente en México, de granos y oleaginosas solo producimos el 52 por ciento e importamos el 48 por ciento y la cifra tiende a aumentar.
El titular de SADER, Víctor Villalobos, explica en nuestro reportaje que en el caso particular de lo que ha ocurrido con los granos en Sinaloa, como el maíz, «es un tema de precios que se regulan internacionalmente».
Cabe recordar que en el año 2020 el Gobierno Federal retiró el programa de coberturas ASERCA, que garantizaba un ingreso objetivo a los productores del campo si había fluctuaciones de precio en el mercado, gracias a lo cual la agricultura por contrato permitía a los productores de granos mantenerse en el negocio agrícola y fortalecer las cadenas productivas de esta rama.
Ante la ausencia de ASERCA, los agricultores exigieron un mejor precio para sus granos y el retorno de la agricultura por contrato, pero, por el contrario, ante el mal manejo de Segalmex, fracasó el programa oficial de compra de maíz, particularmente en el norte del país, a productores con 10 y hasta 15 hectáreas, a un precio comercial cercano a los siete mil pesos por tonelada y hasta cinco hectáreas de temporal para este 2023… pero con esto logra atender solo a un pequeño sector y no resuelve el problema de manera integral.
En ese sentido, para otros actores del campo mexicano, incluidos los propios productores de granos, más allá de esperar los apoyos oficiales, ya es claro que los precios fijados en el mercado global hacen necesario pensar y actuar de manera diferente en temas de comercialización.
Puntualizan que deben realizar sus propios convenios de agricultura por contrato con la iniciativa privada y se necesitaría buena disposición del sector agroindustrial para trabajar en sinergia con los agroproductores para que le vaya bien a México.
Nuestro campo tiene muchos retos, particularmente fortalecer las cadenas productivas para producir los alimentos que el país requiere, pues generarlos ya es un tema de seguridad nacional.