Por Andrés Canales Leaño
Como sector, entramos al penúltimo mes del año bajo asedio y graves amenazas, como ha ocurrido desde hace cuatro años en los que hemos enfrentado desde reducciones presupuestales del 40% para el campo, hasta la eliminación de programas de fomento, seguros y financiamiento, incremento en los precios de combustibles y materias primas, eliminación gradual del glifosato y prohibición de adquirir maíz transgénico…
A todo ello pueden sumarse nuevos peligros ocasionados por políticas públicas erróneas para el campo, que ya conforman la tormenta perfecta que nos amenaza: la posibilidad de ataques de plagas y enfermedades, con sus graves consecuencias a la producción agroalimentaria por falta de presupuesto para SENASICA en 2023.
Si bien es cierto que también demostramos de lo que estamos hechos al unirnos para enfrentar graves problemas, como la pandemia, en la que logramos crecer, ahora debemos demostrar nuestra resiliencia y proponer soluciones ante las políticas públicas impulsadas por grupos con tendencias ideológicas que en busca de reducir la inflación, provocarían el efecto contrario al frenar la producción y exportación de alimentos, perjudicando con ello a quienes pretenden defender: los que menos tienen.
Con el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (APACIC), firmado el pasado 3 de octubre por 15 empresarios con el Gobierno Federal para mantener los precios de 24 productos de la canasta básica hasta febrero del 2023, como sector estamos de acuerdo, pues el gobierno federal mantendrá los subsidios a las gasolinas y congela las tarifas de autopistas concesionadas, lo cual aplaudimos porque ataca los costos de producción de las agroempresas para que los precios de los alimentos tengan estabilidad.
Sin embargo, el tema que preocupaba era la anunciada licencia temporal otorgada para que tales empresas fuesen excluidas de diversos trámites, que en un principio se habló de que serían las inspecciones de sanidad e inocuidad en la importación de alimentos e insumos, que implicaría prescindir de la inspección de COFEPRIS y SENASICA, con el consiguiente riesgo de perder nuestro estatus como quinto país sin plagas ni enfermedades, que ha conformado tal dependencia a lo largo de muchos años para convertir la sanidad e inocuidad en un patrimonio del campo mexicano.
Pero una vez publicado el decreto correspondiente del acuerdo gobierno-empresas, el riesgo queda reducido y ahora lo que amenaza a nuestro campo es la falta de presupuesto para la dependencia responsable de la sanidad…