Los industrializadores de protectores de cultivos citan que no liberar este tipo de grano atenta contra la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Ciudad de México, 02 de noviembre del 2021.- La prohibición gubernamental de sembrar maíz genéticamente modificado anula la posibilidad de una mayor producción del grano, dicen los industriales para la protección de cultivos, al afirmar que desafortunadamente en nuestro país, los mitos sobre estas semillas han logrado generar confusión y esparcir argumentos falsos y desproporcionados».

En un comunicado, precisan que «en México hemos perdido muchos años en discusiones ya superadas a nivel mundial», precisa Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, A.C. (PROCCYT).

Añade que la adopción de la biotecnología avanza en el mundo a pasos agigantados, mientras que en nuestro país, continúa un falso debate donde los que más pierden, son los agricultores y la cadena productiva mexicana.

«El área mundial de cultivos biotecnológicos se ha multiplicado por 112, pasando de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 190.4 millones de hectáreas en 2019, de las cuales 60,9 millones son de maíz; es la tecnología más rápidamente adoptada de los últimos tiempos. México sigue quedándose atrás», explica García de Paz.

«El área mundial de cultivos biotecnológicos se ha multiplicado por 112, pasando de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 190,4 millones de hectáreas en 2019, de las cuales 60,9 millones son de maíz; es la tecnología más rápidamente adoptada de los últimos tiempos. México sigue quedándose atrás».

CRISTIAN GARCÍA DE PAZ, DIRECTOR EJECUTIVO DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A.C. (PROCCYT)

«El directivo de PROCCYT apunta que las condiciones para adoptar esta tecnología están dadas en nuestro país, asegura García de Paz; la ley prevé incluso los criterios y las zonas donde está impedida su liberación, protegiendo con ello la biodiversidad mexicana y minimizando los posibles riesgos».

Agrega que en el 2016, puntualmente el Segundo Tribunal Unitario en su sentencia señaló que «la liberación de un OGM en programa piloto con la adopción de medidas de contención, al igual que una liberación experimental, no representa un riesgo para la diversidad biológica ni para la salud humana».

Luego explica que «desde el 2005 México desarrolló un marco normativo sumamente riguroso, encaminado a evaluar, implementar y aprovechar la biotecnología agrícola moderna, protegiendo la salud humana y preservando al mismo tiempo el medio ambiente».

«Muchos de los efectos no intencionales que se pudieran derivar de la misma, son predecibles y evitables. La evaluación de riesgos es uno de los aspectos fundamentales para la toma de decisiones y para la determinación de la seguridad de estos productos. Este enfoque, sumado al riguroso

marco regulatorio en bioseguridad, son la forma en que el Estado mexicano actúa con precaución ante el uso de estas semillas».

Añadió que «nuestro sistema de justicia debe velar por la legalidad, por la correcta aplicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que es el instrumento que se ha dado el Estado mexicano para regular el uso de esta tecnología. Es a través de la aplicación de esta ley como se debe determinar la seguridad o no, caso por caso y paso a paso, de un organismo genéticamente modificado».

Considera que por esta causa «debemos dar oportunidad a los productores mexicanos para acceder aherramientas innovadoras que contribuyen a la productividad y sustentabilidad de la producción agrícola».

Y expone que «es tiempo de que nuestros agricultores y otros miembros de la cadena productiva agroalimentaria, cuenten con las mismas herramientas, tecnologías e insumos que sus homólogos en otros países, y podamos competir en igualdad de condiciones».

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