A partir de ahora, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las empresas contaminantes pagarán este gravamen
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.- Tras de aprobar cuatro impuestos ecológicos aplicados en Zacatecas en el año 2017, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la constitucionalidad del gravamen en México, por lo que a partir de ahora, cualquier estado estará autorizado para aplicar impuestos ecológicos a empresas que contaminen los recursos naturales.
En la sesión del lunes, de acuerdo a información trabajada por el reportero Juan Pablo Reyes y publicada en el periódico El Universal, el órgano legislativo confirmó la facultad de los estados de la República para legislar e implementar impuestos ecológicos y avaló la constitucionalidad de los aranceles ecológicos previstos en las leyes hacendarias de Zacatecas.
Por mayoría de nueve votos, el pleno del máximo tribunal del país acreditó el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández y declaró que tal facultad en materia ambiental no es exclusiva de la Federación.
De esta forma se declaró la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, donde se prevén impuestos por concepto de remediación ambiental por extracción de minerales, emisión de gases a la atmósfera, emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, así como por depósito o almacenamiento de residuos.
La mayoría de los ministros de la SCJN consideró que la Ley Federal de Equilibrio Ecológico sólo reserva para las autoridades federales la expedición de los permisos de operación, pero no así los gravámenes a los que pueden estar sujetas.
«Hay actividades que pueden dar lugar a sanciones de tipo ambiental, pero otra cuestión que me parece válida como hecho imponible de las entidades federativas, es establecer ciertas contribuciones a quienes generan estas actividades contaminantes, contribuciones que válidamente podrían utilizarse para tratar de disminuir los efectos de la contaminación», señaló el ministro presidente, Arturo Zaldívar.
El único voto en contra fue el del ministro Luis María Aguilar quien señaló que el Congreso del Estado de Zacatecas no tiene facultades para legislar en esta materia, porque no se trata de una materia impositiva fiscal, sino de imponer sanciones a determinadas conductas que afectan la ecología.
Cabe aclarar, refiere el reportero en su trabajo, que la discusión se derivó de una controversia constitucional interpuesta por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en contra del gobierno de Zacatecas que impuso nuevas cargas tributarias a empresas por el impacto ambiental generado en el estado.