Ante la llegada del nuevo gobierno, los productores esperan se abra una nueva posibilidad de mejorar las condiciones de los cañeros en México.
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2018.- Pese a que la industria de la caña de azúcar está amenazada por factores internos y externos, el Estado mexicano y los cañeros aún están a tiempo de evitar que la actividad que sostiene buena parte del campo se salve con la llegada el nuevo gobierno, afirmó el presidente de la Unión Nacional de Cañeros CNPR, Carlos Blackaller Ayala.
En el marco de la XXXVI Asamblea General de la Unión Nacional de Cañeros CNPR, el líder de los productores de caña de la CNPR en México, habló del panorama que presenta el sector cañero y de la urgencia de voluntad política y de un programa nacional para que esa industria resuelva una problemática añeja y evite un colapso general.
El dirigente nacional, ante el pleno del sector que lidera, precisó que existen tres factores que inciden directamente en el deterioro del sector, daño que dicho sea de paso, admitió, lo tiene al borde del colapso:
Uno, las importaciones de fructosa de maíz al mercado mexicano a precios dumping. Dos, la incertidumbre y restricción en los volúmenes de exportación de azúcar mexicana al mercado de los Estados Unidos de América, pese la existencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ahora USMCA o T-MEC.
El tercer punto es la promoción de campañas negativas en contra del consumo de azúcar de caña, vinculado a la afectación de la salud a los consumidores.
Para contrarrestar estos factores nocivos para la actividad cañera, dijo Blackaller Ayala, es indispensable que el sector sea beneficiado con dos cosas apenas se haga el cambio de administración federal.
La primera es que haya voluntad política para corregir las distorsiones de mercado y, dos, que cuente con un programa nacional exclusivo para la agroindustria mexicana de la caña de azúcar.
Sin embargo, dijo el líder cañero oriundo del Grullo, Jalisco, pese a todas las amenazas que se ciernen sobre esta actividad, la llegada del nuevo gobierno la observamos como una gran oportunidad para cambiar el rumbo de la historia de la agroindustria de la caña de azúcar.
«En realidad, las futuras autoridades federales han mostrado amplia sensibilidad ante la problemática que se vive en el campo mexicano y por lo consiguiente en el campo cañero», aceptó.
Destacó que los males que aquejan a los cañeros son añejos. Relató que la discusión sobre las prácticas desleales de comercio o dumping se ha generado desde finales de los años 90 y que para mala fortuna de los mexicanos, se ha tratado de solucionar sin éxito con la aplicación de aranceles compensatorios.
Otra medida que tampoco ha funcionado, asienta, ha sido el combatir la incursión de la fructosa en el mercado mexicano, mediante el establecimiento del impuesto especial a los refrescos que utilizaran un edulcorante distinto al azúcar de caña en su elaboración, impuesto que se mantuvo vigente sólo hasta el año 2006.
Durante su intervención, Blackaller Ayala señaló que para colmo de males de los cañeros, de 2008 a la fecha, las importaciones de fructosa norteamericana se da libre de arancel e incurre en prácticas de franco dumping con diferencial de valor del 50 %, entre el precio en su mercado en EE.UU. y el que registra en las importaciones la Dirección General de Aduanas de México.
Lamentó que las importaciones de fructosa y la producción en territorio nacional con maíz traído del exterior, alcanzan en este último ciclo 2017-2018 un volumen equivalente a 1.6 millones de toneladas, desplazando el mismo volumen de azúcar de caña mexicana.
Por todo lo anterior, refiere, es importante considerar que la presión que tiene la agroindustria de la caña de azúcar es sumamente alta, ya que la producción de azúcar, ubicada en 6 millones de toneladas, más la oferta de fructosa, obliga a exportar los excedentes de azúcar en condiciones desfavorables para el sector cañero.
De tal forma que concurrir a la exportación con 1.8 millones de toneladas, cantidad equivalente al 30 % de la producción media nacional, significa una pérdida económica no menor a ocho mil 500 millones de pesos para la industria, lo que viene a afectar el ingreso de los cañeros en casi 100 pesos por tonelada de caña procesada en la zafra 2017-2018.
Por ello, indica, «se vuelve relevante atender oportunamente a estos factores estructurales en la relación binacional, lo que evitaría altísimos costos para el erario nacional. Asimismo, se evitaría los costos socioeconómicos ante una crisis inmanejable en las regiones productoras de caña de azúcar. Lo que esperamos haga de manera inmediata el próximo gobierno, concluyó.