Miguel Trejo Luna
El día cuatro de mayo se publicaron en el Diario Oficial los incentivos para que los productores de maíz ciclo 2013/2014 de Sinaloa que sembraron hasta 10 hectáreas alcancen un ingreso de $3,850.00 por tonelada y $3,700.00 por tonelada para productores de más de 10 hectáreas; lo que significa $550.00 y $400.00 más por tonelada respectivamente en relación al ingreso objetivo de $3,300.00, el incentivo se establece por un volumen total de hasta 1,500,000 toneladas; es decir un recurso adicional de entre 600 y 825 millones de pesos.
Por otra parte, los jornaleros de Baja California incendian ranchos y bloquean carreteras para obtener por lo menos un salario de $200.00/día y las prestaciones correspondientes, por lo que se creará un fideicomiso como instrumento para enfrentar el problema; en ambos asuntos los recursos públicos son los que se utilizan para alcanzar rentabilidad e ingresos que la actividad agropecuaria como empresa, aparentemente, no puede obtener. Estos hechos son ocasión para reflexionar sobre qué debemos hacer como país para lograr la rentabilidad de las empresas rurales y el ingreso digno que demandan los jornaleros.
La política de libre mercado que desde hace ya casi tres décadas se adoptó como estrategia para aumentar productividad, ingreso y poder adquisitivo no acaba por demostrar sus bondades en la rentabilidad de las empresas rurales; salvo el incremento en las exportaciones en donde participan sólo el 0.3% de las unidades de producción.
Considerando el precio en el libre mercado de $3,500.00 al menudeo en Culiacán, surgen varias incógnitas:
¿Hasta dónde y hasta cuándo el Estado va a poder soportar con sus recursos compensar en favor de los productores lo que no paga el mercado?
El Presupuesto de Egresos 2015, dentro del Programa Especial Concurrente (PEC) asigna para incentivos a la comercialización 11,672.8 millones de pesos, el 3.3% del presupuesto, lo que equivale al 10.1% del valor de producción de los 9 cultivos con ingreso objetivo.
¿A cuántos productores favorecen los incentivos que canaliza el Estado a través de diversos programas?
El más generalizado es el proagroproductivo que debe alcanzar entre 1.6 y 2 millones de beneficiarios, el 30% ó 37% de las 5.3 millones de unidades de producción existentes.
El resto de los programas no cubren, en conjunto, incluyendo los recursos canalizados a través del crédito, ni el 15% del universo productivo agropecuario.
¿Más recursos o mejor administración y equidad en el ejercicio presupuestal?
Aunque el presupuesto al campo ha crecido en los últimos años, sólo representa el 7.5% del total del presupuesto de egresos 2015, podría plantearse la necesidad de aumentar los recursos del PEC, lo que sin duda se requiere, en el campo debe crecer la inversión; los jornaleros como actores esenciales en el quehacer productivo demandan y merecen mejores condiciones de vida; sin embargo, por otra parte, al comparar el monto de 353,007 millones del PEC 2015 con los 679,896 millones a precios corrientes del PIB agropecuario que reporta el INEGI como cifra preliminar en el cuarto trimestre del 2014 (4% del PIB nominal nacional) significa el 52%, es decir, el Estado mexicano tiene en los recursos al campo una relación beneficio/costo de 1.9, eso considerando que el total de los recursos del PEC se destinaran a la actividad productiva, lo cierto es que un alto porcentaje no incide en la actividad productiva, sino en apoyo al bienestar social o bien al mantenimiento de la burocracia.
¿Quiénes determinan y se benefician con esos incentivos?
Los servidores públicos determinan a dónde y por qué monto se ejercen los recursos, los beneficiarios son las agrupaciones, unas auténticas y las más ficticias, representadas por «dirigentes» que han hecho de su capacidad de gestión un modus vivendi de alta rentabilidad.
Es loable la decisión del gobierno de intervenir para coadyuvar a que la actividad primaria se fortalezca; se reconoce con ello la importancia que para la vida nacional tiene la generación interna de alimentos, materia prima y recreación; sin embargo, nunca será posible que recursos públicos equilibren y violen la ley suprema que caracteriza a una economía de mercado: la oferta y demanda.
¿Asociatividad o individualismo?
Parece que hay algunos interesados en continuar con una política ambigua que se debate entre el individualismo que alienta los principios del mercado (donde la santidad es el monopolio) y la asociatividad requerida para incorporar a la mayoría de los productores a la actitud empresarial que exige la vida mercantil.
Los componentes de agrocluster e integración de agroparques es una estrategia con gran potencial para lograr que los recursos públicos destinados a la actividad agroindustrial y/o agroalimentaria incrementen el ingreso de productores y en general el PIB agroalimentario; la estrategia concilia el individualismo y autonomía de las empresas con la asociatividad que por economía de escala y exigencias de mercado se necesita, además de permitir un autocontrol de y por los integrantes; lamentablemente su promoción es aún muy modesta, sólo se destinan a esos componentes, en conjunto, 1,557.2 millones de pesos, los beneficiarios son pocos y en general los de mayores recursos.
En contraparte, hay varios programas que destinan recursos a la adquisición de insumos de manera individual, donde no se distinguen diferencias de objetivos entre ellos, pareciera que se establecen para dar ocupación a la estructura burocrática existente, hay duplicidad inter e intra institucional de programas y componentes, no hay claridad en cuanto al propósito de cada uno de ellos, si tratan de apoyar el consumo para mejorar los niveles de bienestar de la población o impulsar la competitividad de las empresas, sin duda ambos son necesarios, pero las normas deben ser claramente diferenciadas.
Ante la austeridad que se requiere adoptar en el gasto público, el presupuesto base cero que ha propuesto la Secretaría de Hacienda para el 2016 y la reciente publicación de la Ley de Transparencia, se tiene la responsabilidad ineludible de revisar a fondo la estrategia del Estado para atender al medio rural; determinar claramente la política, diferenciando aquellos recursos que se destinan a mejorar el bienestar de los más marginados y los orientados a la competitividad de las empresas, estos últimos deben ejercerse con la formalidad, oportunidad y eficiencia que exige un agronegocio exitoso, el enfoque del Estado debe ser obtener los recursos del mercado, el gobierno otorgando las facilidades normativas y de infraestructura para crear las condiciones productivas de gestión y logística y la sociedad civil conjuntando talentos para satisfacer la calidad que demanda el mercado.
Se debe lograr que el mercado sea quien haga rentables a las empresas rurales y que a través de ellas se pague lo justo a los jornaleros; tenemos recursos naturales, talento, aptitud, sólo requerimos una actitud más solidaria y nacionalista.
M.C. S. Miguel Trejo Luna Herrejón
Director General de CYCASA, S.C.