Miguel Trejo
La formulación del presupuesto base cero 2016, debe ser ocasión para analizar a fondo la praxis e instrumentos de la política del Estado Mexicano hacia el campo para corregir y precisar su aplicación. La heterogeneidad de las actividades económicas de la sociedad rural ha propiciado que las definiciones y conceptos en relación a la política sean amplias y ambiguas, todo pronunciamiento respecto a las condiciones e impulso al ámbito rural puede ser falso y verdadero dependiendo de las condiciones de la unidad de producción donde se aplique; por ello, los recursos que se destinen al campo en el presupuesto de egresos a través del programa especial concurrente 2016 deben ser precisos y estratégicamente orientados para cumplir con los objetivos señalados por la subsecretaría de egresos de la SHCP en el documento «Perspectivas para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016» los objetivos se sintetizan en: Orientado a resultados; eficiencia y austeridad y transparentar.
Documentos rectores de la política al campo
Hoy por hoy, se puede decir que hay dos documentos sustantivos donde el Estado Mexicano expresa la política para el desarrollo rural: La ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.
Prioridad en la orientación de los recursos
Ambos documentos coinciden en que la prioridad debe ser orientar los recursos a la atención de las pequeñas unidades de producción y avanzar para que la producción nacional de granos y oleaginosas, especialmente de arroz, frijol, maíz, trigo, soya y sorgo alcance en el 2018 por lo menos el 75% de la oferta total. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo 179 considera como productos básicos y estratégicos al maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, sorgo, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves y pescados.
La descentralización y coordinación interinstitucional
Estos conceptos de política se mencionan insistentemente, se decretó en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable desde el 2001 la creación de diversas instancias para ordenar y sistematizar la planeación y ejercicio de los recursos de tal forma que se democratizara, racionalizara y transparentara la administración. No se cumple la Ley, prevalece el centralismo y la descoordinación es casi absoluta.
Las buenas intenciones
Ambos documentos refieren conquistar mercados internos y externos, hacerlo mediante la asociatividad para generar empleos, elevar ingresos y bienestar de la población rural, adoptando tecnologías que conserven y mejoren la productividad de las tierras, la biodiversidad y los servicios ambientales; el nuevo rostro del campo al que aspiramos: Productivo, competitivo, incluyente, rentable y sustentable ¡qué maravilla!
Los instrumentos disponibles por ley
También se tienen diseñados los sistemas y servicios que llevarían a lograr el sueño, tales como: Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable; Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; Fomento a la Empresa Social Rural; Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales; Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y Alimentaria; Arbitraje del Sector Rural; entre otros.
Los obstáculos
El Estado Mexicano tiene concebidos y convertidos en Ley los criterios de política ideales para el desarrollo del campo y con él , el impulso del país en su conjunto, el problema es la actitud de una gran parte de los actores involucrados en la programación y sobre todo en el ejercicio de los recursos tanto del servicio público como de la sociedad civil, prevalece la simulación, corrupción, negligencia, inoportunidad, inadecuación y parcialidad de los programas, lo que hace ineficientes los apoyos.
La propuesta
Dado el soporte legal disponible sólo es necesario actuar en consecuencia, diferenciando los recursos que se destinan a los apoyos en alimentación, educación, salud y vivienda, de los orientados a las actividades productivas, estos últimos para el 2015 representan el 37.9% y son los que deben ayudar al desarrollo del campo y del país, por lo que se propone se ejerzan de manera descentralizada, coordinada, democrática, integral y objetiva; para ello los programas deben establecerse de tal forma que garanticen:
1. La asociatividad productiva con acuerdos operativos entre los actores involucrados para satisfacer al consumidor. (agrocluster, agroparques, cadenas productivas, integradoras, entre otras).
2. La concurrencia de recursos de las entidades públicas a través de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentables donde se presenten los proyectos, según el ámbito de acción de cada uno: (Municipales, distritales, estatales o nacionales).
3. La objetividad de asignación, estableciendo en cada Consejo de Desarrollo Rural los criterios de asignación de recursos ponderando la importancia de los elementos, conceptos y criterios de desempeño de un agronegocio, tales como:
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Elementos |
Conceptos |
Criterios de desempeño |
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Administración |
Organigrama, funciones, empleos generados |
Productividad y competitividad |
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Asociatividad |
Número de socios y experiencia en el tipo de agronegocio |
Incluyente y productividad |
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Financiamiento |
Monto de la inversión, fuentes de financiamiento, apalancamiento e índices de rentabilidad |
Productividad y rentabilidad |
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Legislación y normatividad |
Permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y obligaciones fiscales, sanitarias |
Productividad |
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Mercado |
Proveedores, consumidores, competidores, productos sustitutos, producto, precio, plaza, promoción y postventa |
Rentabilidad y competitividad |
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Tecnología |
Generación de empleos, conservación y mejoramiento de los recursos naturales |
Competitividad, incluyente, productividad y sustentabilidad |
4. La evaluación de resultados e impacto productivo de los recursos asignados, estableciendo en los proyectos el sistema de arbitraje para fomentar el cumplimiento de compromisos de cada uno de los involucrados en los proyectos.
La propuesta pudiera parecer muy complicada comparada con los usos y costumbres actuales, donde la asignación de los recursos es por decisión de determinados servidores públicos, frecuentemente influenciados por compromisos políticos o sobornos económicos, esta propuesta permite cumplir con los objetivos de orientación a resultados; eficiencia, austeridad y transparencia. Debe considerarse que el presupuesto al campo siempre resultará insuficiente dando como resultado pocos agradecidos y muchos insatisfechos, con la aplicación de esta propuesta los beneficiarios se elegirían por las características del proyecto que cumpla con las políticas establecidas por cada Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
Claro eso implica que el presupuesto del PEC PRODUCTIVO 2016 se distribuyera en mayor porcentaje por municipios y entidades federativas haciendo realidad el federalismo; un dato, sólo como referencia, si dividiéramos los 133,836.7 millones de pesos destinados a las actividades productivas en el PEC 2015 entre los 2,457 municipios, corresponden $54,471,591.37 por municipio o bien $4,182,396,875.00 por Estado, cifras muy atractivas.
Desde luego que eso no es posible porque la estructura central de la administración pública federal tiene funciones que deben realizarse en ese ámbito; sin embargo un buen porcentaje del presupuesto es posible y conveniente que se descentralice y se haga concurrente para mayor impacto, lo único es que esto haría innecesarios varios cargos públicos que hoy se han convertido en instancias de trámite y canalización de recursos.
Ojalá que con el presupuesto Base Cero 2016 se haga realidad este cambio de paradigma tan útil para el desarrollo del campo y la orientación de mercado tan necesaria en esta política de apertura comercial. ¡Juntemos recursos y talentos para lograrlo!
M.C. S. Miguel Trejo Luna Herrejón
Director General de CYCASA, S.C.
cycatrejo@hotmail.com